Parte del proceso de civilización que ha vivido la humanidad ha pasado por la propia organización de los individuos, las personas, para poder vivir en sociedad. Esa estructura primaria se hizo fundamentalmente por un sentido de protección, cuidarse unos a otros de posibles ataques de terceros y también de abusos al interior de la propia estructura social. Esa convivencia permitió luego organizarse para desarrollar actividades económicas y así mejorar la calidad de vida.

La libertad a la seguridad humana es pues un derecho esencial para vivir en sociedad y el desarrollo de las personas. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos señala que este concepto reúne tres libertades: la libertad del miedo, la libertad de la necesidad (o miseria) y la libertad para vivir con dignidad. La integración de estas tres libertades en cierta forma reúne la esencia de los Derechos Humanos, la libertad del individuo y el goce de sus derechos económicos sociales y ambientales para vivir con dignidad.

En nuestro país en los últimos años, existe mucha evidencia al respecto. Hay una seria afectación a lo que se conoce como la libertad del miedo. Esto es una falta de protección a las personas frente a las amenazas directas a su seguridad y a su integridad física por parte de grupos delincuenciales, frente a los que el Estado no tiene una capacidad de respuesta. Este es un problema muy grave, ya que lleva a cuestionar las bases del propio Estado que no es capaz de proteger las libertades individuales frente a la violación de los Derechos Humanos.

Si una persona no puede salir de su casa por temor a ser violentada, eso significa que el tema ha escalado a niveles que obligan a cuestionar al propio Estado y sus instituciones y ya no sólo a las actividades delictivas propiamente. Los peruanos le asignamos al Ministerio del Interior 11,000 millones de soles este año, para que nos protejan de las acciones delictivas y para ello el Estado ha decidido contar con 160,000 policías para que cumplan esa función de protección. Sin embargo, el 18.6% de la población mayor de 15 años ha sido víctima de un hecho delictivo en el último semestre, de acuerdo al lNEI. Un dato relevante es que apenas el 15% de las víctimas ha denunciado el hecho, porque asumen que la autoridad encargada no va a hacer nada: no existe.

Este descalabro institucional en el que el Estado ha renunciado a proteger libertades esenciales y los ciudadanos no esperan tampoco nada de él, nos obliga a pensar si el tema de la seguridad es un tema de reformas o más bien de cambios radicales en el Estado. Los estudios de victimización recientes nos ofrecen cifras alarmantes, más del 82% de los peruanos en zonas urbanas consideran que pueden ser víctimas en los próximos meses. La inseguridad ha pasado a ser el primer problema nacional, sin embargo no vemos propuestas enérgicas que conduzcan a mejorar estos hechos y menos a generar confianza de la población. Definitivamente con esos 11,000 millones de soles se pueden encontrar mecanismos alternativos al modelo policial vigente.

Las personas no quieren salir a la calle por temor a vivir la experiencia de 500 mil personas que han tenido una pistola en la cabeza. La libertad a la seguridad humana nos conmina a organizarnos como sociedad civil y exigirle al Estado soluciones diferentes y drásticas. No se trata de más escuelas de policías o más equipamiento. Necesitamos un nuevo cuerpo de seguridad que haga partícipe a los ciudadanos de su propia protección. Como en el inicio de los tiempos.

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