La gestión ESG se basa en el análisis de riesgos, siendo este un aspecto esencial para realizar auténticas mediciones. Las empresas deben no solo identificar los impactos positivos y negativos de sus operaciones, sino también evaluar meticulosamente dichos riesgos en su matriz correspondiente. Sin embargo, es crucial recordar que estas empresas no operan en un entorno ideal, sino que están inmersas en la compleja realidad del Perú, donde la institucionalidad local se convierte en un factor de riesgo adicional.

El entorno político y las instituciones gubernamentales, como el Congreso con sus leyes que generan gasto y su frecuente aprobación por insistencia, el gobierno sujeto a la mediocridad y sometido al parlamento, así como el deficiente desempeño del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Contraloría, entre otros, representan una amenaza para la estabilidad y el desarrollo empresarial. Sus acciones, en muchas ocasiones, no solo afectan directamente a los ciudadanos, sino que también destruyen valor.

Cuando las empresas se comprometen con la gestión ESG, reconocen que adoptar un enfoque integral y utilizar métricas fiables les proporciona ventajas significativas. Mejoran su acceso al mercado de capitales y al crédito, obteniendo condiciones más favorables para su crecimiento y desarrollo. Es por ello que las clasificadoras de riesgos desempeñan un papel crucial como actores principales en el mercado de capitales, ya que emiten una calificación tanto para el país en general como para cada empresa en particular. Esta calificación refleja el entorno político, económico y social en el que operan las empresas, y puede tener un impacto significativo en su capacidad para obtener financiamiento y en su reputación en los mercados financieros.

La evaluación de riesgos ESG realizada por las clasificadoras incluye consideraciones sobre cómo los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo pueden afectar la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones financieras a largo plazo. Estas incorporan directamente factores ESG en sus metodologías de calificación, asignando puntajes específicos o ponderaciones a estos criterios en sus análisis de riesgo. Estas calificaciones pueden proporcionar incentivos para que las empresas mejoren su desempeño en sostenibilidad. Una calificación más alta puede reflejar prácticas sólidas en estas áreas, lo que puede ser percibido positivamente por los inversores y otros interesados. Sin duda, las agencias de calificación contribuyen a fomentar una mayor transparencia y divulgación por parte de las empresas en relación con sus prácticas ESG, lo que puede ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas y a las empresas a identificar áreas de mejora.

En el Perú, un grupo de empresas que ya participan en el Dow Jones Sustainability Index, que evalúa el ESG y cuya medición está a cargo de S&P Global Ratings, la misma clasificadora que ha reducido el grado de inversión de nuestro país debido a su precaria institucionalidad. Esta calificación, trasladada a todas las empresas peruanas que acceden al mercado de capitales, ha significado en los últimos días la pérdida del grado de inversión, lo que reducirá la competitividad de sus operaciones al tener que acceder a créditos más costosos.

El sector empresarial no puede desentenderse de la dinámica política del país, especialmente en circunstancias en las que existe una escasa formación profesional e intelectual entre sus dirigentes y una incapacidad para plantear políticas públicas en beneficio de los ciudadanos. Es evidente que el Perú cuenta con una mala calificación debido a su precaria institucionalidad, y estas circunstancias no se resolverán únicamente en un proceso electoral, sino más bien mediante el compromiso y la actuación de la sociedad civil, sus líderes y sus gremios.