Es complejo entender a nuestro país respecto a su fortaleza económica y lo que debiera ser su desarrollo relativo. Llama mucho la atención la buena situación macro económica con cuentas fiscales y el endeudamiento del país marchando relativamente bien –esto es que existen recursos-; y de otro lado, la carencia de infraestructuras básicas como el saneamiento, postas médicas y hospitales, colegios, carreteras, etc. Definitivamente algo anda mal, ya que países con menor PBI per cápita tienen un mayor desarrollo social y económico.

Todo nos indica que la escasa preparación de nuestras autoridades, sobre todo locales, impide que se pueda invertir en las necesidades más críticas para la población. Estas se inclinan por ejecutar obras que no impactan en la mejora de la calidad de vida, haciendo mal uso de los recursos y son incapaces de gastar los presupuestos de inversión asignados. Lo que viene ocurriendo, sobre todo, luego del proceso de regionalización, es el reflejo de nuestra crisis institucional por la carencia de autoridades y funcionarios que puedan gestionar exitosamente sus organizaciones y esa incompetencia va en desmedro de los ciudadanos.

De otro lado, la empresa privada formal en sus actividades genera miles de millones de soles, recursos que en gran parte van hacia el Estado. Es un tema que no se ha sabido explicar adecuadamente, cuando la realidad es que una proporción muy importante de los ingresos de una empresa se destinan para el Presupuesto General de la República, mediante mecanismos como los impuestos (IGV, ISC y Renta), contribuciones, tasas, y también vale la pena destacar, por los impuestos que pagan sus trabajadores como producto de los sueldos provenientes de su empleador. Allí radica la generación de valor económico y social de la empresa. Sin embargo, su reputación es muy baja porque estos fundamentos no se conocen y la población en el Perú, a diferencia de otros países, no termina de entender que a mayor éxito de las empresas, mejor nos va a todos.

Tenemos un drástico desentendimiento respecto a la realidad; de un lado la empresa le entrega al Estado miles de millones de soles para que los destine a los servicios básicos y de otro lado, ese Estado receptor no utiliza adecuadamente los recursos para atender las necesidades de sus ciudadanos. Sin embargo, la insatisfacción ante esa inoperancia se dirige hacia la empresa, porque supuestamente genera riqueza para pocos, sin comprenderse que esa riqueza va mayoritariamente hacia el Estado y en menor proporción hacia el inversionista. Ese prejuicio debe de modificarse, para que como sociedad podamos entender correctamente los roles, sentirnos orgullosos de las empresas exitosas y exigir al Estado el uso correcto y eficiente de ese dinero que se le entrega.

Las Alianzas Público Privadas han sido una opción exitosa en gran parte del mundo, en la que la empresa privada contribuye con el Estado para ejecutar de manera eficiente las infraestructuras y servicios que la administración pública no ha podido hacer realidad. Estos mecanismos de APPs tienen como incentivo la eficiencia del actor privado que identifica los proyectos de mayor impacto social, los construye “sin que pasen muchas manos” y se juega su propia reputación si el proyecto no consigue el retorno social esperado.

No es casual que el ODS 17 se le considere como el más trascendente, ya que plantea alianzas para el desarrollo y así dinamizar los otros ODS. La empresa privada debe cumplir un papel decisorio para el mejor uso de los recursos para el desarrollo, sobre todo en las regiones donde opera: el desarrollo local es su mejor acreditación.

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