En Perú, tres de cada cuatro personas en edad laboral carecen de empleo formal, y en áreas rurales, esta cifra asciende a nueve de cada diez, según datos oficiales de empleo. Estas estadísticas son cruciales, ya que fundamentan las decisiones de políticas públicas y la normativa correspondiente, promoviendo así condiciones óptimas para el desarrollo nacional y el bienestar ciudadano. Ignorar la realidad de esas estadísticas nos sumerge en un mundo ficticio, situación que parece repetirse con las recientes acciones del Congreso de la República al declarar días feriados no laborables de manera arbitraria.

Los días 7 de junio, 23 de julio, 6 de agosto y 9 de diciembre han sido designados como nuevos feriados no laborables. Con esto, Perú cuenta ahora con siete días no laborables por motivos religiosos y nueve para conmemoraciones, incluyendo el Año Nuevo, sumando un total de dieciséis días sin una visión clara que los justifique. Esto contrasta con las prácticas de otros países donde los feriados se trasladan al lunes siguiente, generando beneficios sociales al fomentar el turismo interno y proporcionar un descanso genuino a los trabajadores.

La alta tasa de informalidad laboral en Perú implica que los días feriados no se traducen en descanso para la mayoría de trabajadores, ni mucho menos en una remuneración doble por laborar en dichas fechas. Entonces surge la pregunta: ¿cuál es el propósito de legislar de esta manera? Algunos argumentan que el objetivo es rendir homenaje a la celebración de la fecha, más allá del descanso; sin embargo, para ello existen los feriados laborables, que permiten honrar sin afectar la economía ni la producción. Una vez más, la legislación beneficia a una minoría, perjudicando al mayoritario sector sin contrato laboral y generando costos adicionales para los empleadores.

Anteriormente hemos señalado la necesidad de racionalizar la política de feriados, pero la situación actual ha empeorado. En la formalidad, Perú otorga treinta días de vacaciones y dieciséis feriados no laborables, sumando cuarenta y seis días pagados sin prestación de servicios. A esto se añade la concesión inexplicable de días adicionales no laborables para empleados públicos, sin atender las oficinas públicas otros ocho días, además de los dieciséis feriados mencionados, sin justificación aparente.

Es imperativo que el Gobierno elabore una iniciativa legislativa que establezca una política sólida de feriados no laborables, limitándolos a once o doce días al año y permitiendo que al menos seis de ellos se trasladen al lunes siguiente, incentivando así el descanso y el turismo interno. Fechas como Navidad, Año Nuevo, Semana Santa y el Día de la Independencia (solo el 28 de julio) deberían mantenerse en su fecha original, mientras que otros feriados podrían clasificarse como laborables, como lo fue siempre el 7 de junio, o no laborables. Por respeto a la Constitución, los días no laborables por motivos religiosos deberían eliminarse. Además, se podría consolidar un día para conmemorar a los héroes nacionales y otro para las batallas significativas. Sin perder el objetivo, siempre priorizando el bienestar ciudadano y la productividad del país. Disfrutar de seis a ocho fines de semana largos sería una bendición para el turismo nacional.