El sector productivo estrella en nuestro país es el de la agroindustria, su crecimiento en los últimos diez años ha sido impresionante y es, probablemente, el sector empresarial más dinámico y moderno de nuestra economía. Esta afirmación no es gratuita, si vemos que la mayoría de empresas agrícolas se han desarrollado recientemente, en zonas donde no habían campos y más bien desiertos y han sabido generar empleo formal en la actividad donde se encuentra la mayor concentración de la población económicamente activa desempleada, con prácticas agrarias con estándares muy primarios y poco competitivas.

Este año 2021 en el que todavía se mantiene la emergencia sanitaria por el COVID 19, las exportaciones agrícolas alcanzarán la cifra record de 8,000 millones de dólares, esto es mucho más de lo que aportaba la minería hace 16 años, período que nos considerábamos orgullosamente un país minero. Las empresas que desarrollan agricultura moderna han enfrentado numerosos retos para alcanzar esta dimensión. Desde desarrollar los campos e incorporar mucha tecnología, hasta innovar con mucho riesgo para obtener productos de altísima calidad.

En el camino se han enfrentado a barreras regulatorias sumamente complejas para acceder a países con políticas fitosanitarias muy estrictas, logrando la aceptación de mercados muy competitivos y llegar así a los consumidores asiáticos, europeos o norteamericanos. Años atrás exportábamos muy pocos productos, hoy exportamos lo que demanden esos consumidores sofisticados, con una diversidad de variedades del campo premium, como resultado de mucha innovación.

La trascendencia social que ha logrado este sector lo vamos a encontrar en el mundo laboral y sobre todo en el de las mujeres. De los aproximadamente 900,000 trabajadores formales en la agroindustria, un poco más del 25% son mujeres. Ese dato puede parecer poco relevante, pero si lo entendemos en su auténtica dimensión social vamos a encontrarnos que estas mujeres han migrado de la sierra o la selva hacia la costa, para tener un ingreso familiar que les otorga mayor libertad y seguridad. Son mujeres del campo que muchas veces dejan de depender económicamente del esposo, que ya no aceptan los códigos machistas del mundo andino y son capaces de salir adelante gracias a la libertad que les da el tener sus propios ingresos.

Hemos sido testigos, en espacios de diálogo, de los testimonios de estas mujeres sobre la dureza de su trabajo y lo ingrato de su migración; pero de otro lado, su enorme expectativa de que su vida y la de sus hijos serán mejor. Provienen de territorios donde el Estado no llega para ofrecer calidad educativa, servicios básicos o justicia, que es a lo que ellas aspiran. Sin embargo, esa renovada presencia femenina en el campo nos conmina a una agenda diferente y un soporte inclusivo del Estado y la empresa para albergar y proteger a los niños. Sabemos que la brecha de género en el empleo se potencia por la limitante de los hijos y su cuidado.

En la agroindustria esa brecha es aún más dramática, ya que no hay un apoyo para la madre trabajadora, no tiene dónde y con quién dejar a los hijos mientras trabaja, no hay abuelos o familiares para hacerse cargo. Definitivamente hay una tremenda oportunidad para el Estado y la empresa para cambiar y mejorar la situación de estas mujeres decididas, para ello, programas como Cuna Más y otros proyectos de acogida para niños y adolescentes pueden servir de ejemplo para im- pulsar el empoderamiento de la mujer.

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