Una empresa responsable requiere, cada día más, tener un adecuado manejo de riesgos, esto es, sobre qué aspectos debo tener especial cuidado en caso se presente un hecho extraordinario y abordarlo sin que se convierta necesariamente en una crisis. Es el
caso de los accidentes laborales, el deterioro de algún activo, decisiones regulatorias, modificación del tipo de cambio, entre otros. Este tipo de riesgos tradicionalmente se han gestionado, los tenemos en el mapa, sabemos cómo abordarlos y ante alguna ocurrencia incluso se han desarrollado seguros para cubrir la contingencia. El análisis de riesgos resulta indispensable y marca la diferencia entre una entidad profesional o el aventurerismo al hacer negocios.

Pero al incorporarse un modelo de gestión sostenible o ESG, esa identificación de riesgos se complejiza. Así se pasa de los clásicos temas económicos a los de cumplimiento o Compliance, en los que la empresa identifica y asume responsabilidades en otras dimensiones como la regulación, la ética, los impactos ambientales y una fuerte vigilancia a la corrupción, preocupándose que toda la organización conozca y viva un nuevo modelo de actuación. El principio es tolerancia cero ante cualquier mala práctica que antes podría haber sido propia del “modelo de negocio”. Esta evolución en el manejo de los riesgos pone a las personas en el centro de los potenciales impactos de la empresa y asume principios propios de los Derechos Humanos.

Los Principios Rectores en Empresas y Derechos Humanos auxilian a las organizaciones en identificar esos potenciales riesgos y cómo abordarlos, a partir de un proceso de debida diligencia. Las principales empresas del mundo están ya incorporando estos estándares, realizando una debida diligencia asumiendo los pilares de respetar y remediar. Para darle coherencia a ese compromiso requieren contar con una adecuada gobernanza y así esa declaración de respeto y remediación a los DDHH se vuelve efectiva.

Es indispensable que la empresa, a la par de las políticas y compromiso, señalen objetivos que salen del análisis de riesgos producto de la debida diligencia. Entonces debe haber un responsable o responsables de esa gestión, a través de un Comité que vele porque las cosas ocurran. Esa instancia para la gobernanza requerirá contar con un presupuesto. Seamos claros, sin estructura ni presupuesto no hay actuación efectiva. Ese oficial de DDHH y el Comité deben velar, en adición al seguimiento de la matriz de riesgos y la reducción de brechas identificadas, supervisar que toda la organización se encuentre adecuadamente capacitada en estos nuevos principios de actuación alineados al relacionamiento de cada área con sus diferentes grupos de interés. El enfoque de la gestión en DDHH de los que tienen actividades productivas, relaciones con los clientes, responsable de logística y compras, recursos humanos, etc. y claro está, los principios transversales para toda la organización. Ojo, los impactos ambientales también suman en esta fórmula.

Otro aspecto destacado de esta gobernanza es la fortaleza del canal de denuncias. Sabemos que ese mecanismo existe hace tiempo, pero no funciona y esa precisamente es una pésima señal en la gestión. Los responsables deben promover la generación de confianza para que sea un canal vivo, ya que debe ser la principal fuente de información para la gestión. La capacitación y difusión con colaboradores, proveedores, clientes y comunidad en el uso confiable de ese canal es parte de la medida del éxito. Si quienes lo emplean verifican que las denuncias se abordan y resuelven, surge la mejor señal que esa organización sí cuenta con una gestión en Derechos Humanos. Este es definitivamente el mejor seguro ante un potencial conflicto.

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