Cuando hablamos de desarrollo nos estamos refiriendo a la dignidad de las personas y esa dignidad pasa por tener acceso a los servicios básicos y contar con los ingresos económicos que les permitan a las familias acceder al agua, vivienda, educación, salud, alimentación y cultura adecuada. Esos ingresos universalmente provienen del trabajo, por ello las relaciones laborales a lo largo de la historia han tenido una evolución positiva para que las personas puedan acceder a un trabajo digno. Tanto las condiciones laborales, la remuneración, la salud y seguridad, son esenciales para ese trabajo decente, como lo reconoce la OIT.

No es filosofía es economía

Es indispensable por ello que el Gobierno y el sector privado entiendan que no hay posibilidad de desarrollo si no le damos prioridad al empleo y este se convierta en el principal indicador para medir nuestra capacidad de gestión y avance. El crecimiento económico ayuda, pero no ofrece las oportunidades que sí da el impulso al empleo. Si observamos a los gobernantes de otros países, constataremos que el indicador del empleo se convierte en la referencia natural para señalar si el país mensualmente mejora o no. Incluso las políticas públicas y medidas económicas se concentran en incentivos a las empresas para la generación de empleo estable. Contrariamente en nuestro país, abordamos la informalidad como un mal no tan malo, con el que se coexiste: “la excusa”. Mientras tanto el indicador del empleo decrece año a año y con él, el deterioro en la calidad de vida de las familias, impactando en los derechos humanos.

El BCR nos señala que el año 2023 se inició con solo 5.5 millones de empleos formales. De ellos, 4.1 millones se encuentran en planillas de empresas para SUNAT y aproximadamente 1.4 millones reciben un pago del Estado. El desbalance está en que la Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada es de 17.7 millones y la población en edad de trabajar de 25.7 millones. Ese indicador de capacidad de gestión de desarrollo país para el líder, nos dice que solo el 21.6 % de la población en edad de trabajar tiene un empleo formal.

¿Qué hacer entonces? Necesitamos enfocarnos en medidas creativas, disruptivas y agresivas para la generación del empleo decente; y encontramos que en la agricultura hay buenas prácticas y oportunidades a tomar en cuenta para incrementarlo, sobre todo en el sector rural. El 23.6 % de la PEA se dedica a la agricultura, lo que equivale a 4.2 millones de personas. De ellos, en la costa, y gracias a la agroexportación, se han logrado formalizar 578 mil. El dato es que la agricultura, siendo el sector más deprimido, es también el de mayor crecimiento de empleo formal en los últimos 20 años y es el sector que tiene la mayor participación en la PEA del país.

El agricultor rural, incluso el de autoconsumo, interactúa con el Estado y el mercado de diversas maneras. Desde los 450 mil ganaderos, muchos de ellos que proveen de leche a las diversas empresas; los agricultores que reciben cierto apoyo del Estado con créditos, fertilizantes o bonos de ayuda; o las propias empresas agrícolas modernas, que pueden ayudar a mejorar la productividad de ese pequeño agricultor y volverlos proveedores o colaborando para su asociatividad. Estamos seguros que integrando a esos peruanos del campo con condiciones básicas de empleo, con seguridad social y un aporte pensionario, estaríamos reconociéndoles esa merecida dignidad. Busquemos soluciones “fuera de la caja” para hacer de ellos trabajadores formales. No es sostenible insistir en el clásico aporte sino de ver mecanismos, tipo los de la subvención condicionada, para acceder a un trabajo digno, tanto en relación de dependencia como de manera autónoma.