Los aranceles son tributos empleados en el comercio exterior y aplicados por las diferentes naciones para proteger a sus industrias, la agricultura y el empleo local contra la competencia extranjera. También en otros casos su objetivo es generar una fuente de ingresos para el Estado o, finalmente, para aplicar represalias por las políticas de comercio de otras naciones. El comercio exterior, hasta hace muy pocas décadas atrás tenía políticas generalizadas de aranceles, pero con el incremento del comercio global se ha logrado reducir esas tasas arancelarias y en muchos casos desaparecerlas, como producto de los tratados de libre comercio entre bloques de países y entre nación y nación, en la medida que han ido liberalizando sus
economías.

La economía peruana es muy pequeña para vivir del consumo interno y ha logrado su crecimiento debido a la liberalización y al impulso de las exportaciones, debido a la política de promoción de tratados de libre comercio -TLC- con casi todos los países del mundo. Estos tratados han permitido el ingreso de nuestros productos sin pagar aranceles o en determinados casos, esas tasas son muy bajas, impulsando a que nos volvamos más competitivos y nuestros productos lleguen con el mejor precio y calidad a los consumidores a nivel global. En estos mercados no caben las ineficiencias en los procesos ni fallas en la calidad, porque sencillamente quedamos afuera. Es importante destacar que los productos tienen asociado un intangible que es la marca del país, si se mancha la reputación por alguna mala práctica, por ejemplo, en los textiles, las paltas o el oro, eso termina afectando a toda la industria del sector.

Pero en el comercio mundial ha surgido un nuevo arancel y esta vez no es de tipo tributario, sino que tiene requisitos socioambientales. Ya no nos sirve estar exonerados de aranceles si el país que nos compra tiene una regulación que obliga a que solo puedan ingresar productos en cuyos procesos esté garantizado el respeto a los derechos humanos, se cumplan estándares ambientales y medidas de seguridad y salud homologadas. Si bien es cierto que estos principios estaban contemplados en los propios TLC, hoy se cuenta con regulaciones nacionales que obligan a las empresas a que certifiquen estos procesos en su cadena o serán penalizadas. Estas empresas ya no pueden “castigar el precio” al momento de pagar por alguna debilidad en la calidad de los productos o fallas en el origen, sino que sencillamente ese producto no puede ingresar a ese mercado.

Los procesos de debida diligencia en Conducta Empresarial Responsable o en los Principios Rectores de Derechos Humanos de NNUU están migrando de ser guías de referencia para convertirse en normas de obligatorio cumplimiento. Los países europeos y asiáticos se han vuelto cada vez más exigentes en este cuidado socioambiental que claramente se convierte en una valla para la exportación de nuestros productos. Parte importante de este riesgo en el Perú tiene que ver con la informalidad que se manifiesta no solo en el empleo, sino en casi todo proceso de transacción. Los temas de seguridad y salud, por tomar un ejemplo son importantes, muchas veces los trabajadores formales que pagan por la seguridad social no tienen acceso a ella, al no existir presencia de ESSALUD en su zona.

Las cadenas productivas y el comercio internacional se van a enfrentar ante nuevos escenarios con regulaciones “aranceles” socioambientales más rigurosos, escenarios para el que muchas de nuestras empresas no están preparadas y también se ven perjudicadas por la propia debilidad institucional, la informalidad, ausencia de servicios básicos que ahora están atados a denominación de origen nuestros productos, con el riesgo de ser menos competitivos. Ya no es más un tema de buenas prácticas y reputación, ahora se trata de cumplimiento y regulaciones.